ONU cuestiona sumisión de la justicia a la política

INFORME | El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Denis Racicot, reconoció los esfuerzos del Gobierno, pero advirtió que aún el acceso a la justicia es limitado y hay una alta impunidad

Los Tiempos - 25 de marzo.- La administración de justicia es el terreno en el que más se violan los derechos humanos en Bolivia por las presiones políticas que impiden la aplicación del debido proceso, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A pesar de las medidas y las reformas aprobadas, el problema principal del país en materia de derechos humanos reside en la administración de justicia”, dijo Denis Racicot, representante en Bolivia de esa oficina, en una rueda de prensa ayer, para presentar el informe anual.

Las “presiones políticas” hacia jueces y fiscales se dan en todos los niveles: desde el Gobierno central hasta las administraciones locales, acotó.

Racicot mencionó como un “avance histórico” la incorporación de la justicia indígena en condiciones de igualdad con las demás judicaturas, y des destacó la reforma constitucional que obliga a la elección por voto ciudadano de los más altos cargos judiciales, pero lamentó que la implementación de ambas reformas esté demorada. “A pesar de los esfuerzos del Gobierno por introducir reformas, la administración de justicia sigue siendo débil, principalmente por el limitado acceso a la justicia y a la alta impunidad”, señaló.

Esa debilidad de la justicia se ha traducido en un aumento de los casos de linchamiento, comunes en barriadas y pueblos alejados donde la gente suele tomarse la justicia por sus manos. El informe no mencionó cifras.

También recomendó la erradicación del “uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la fuerza pública”, que derivó en la muerte de dos manifestantes el año pasado en choques con la Policía.

El miércoles, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navy Pillay, sugirió “a los ministros de Gobierno y de Defensa medidas para erradicar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la fuerza pública”. “(Hay) necesidad de investigar, juzgar y sancionar a responsables de violaciones de los derechos humanos, en particular a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado”, señaló Pillay.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Fárfan, dijo que el Gobierno está en la línea de la ONU de erradicar toda forma de tortura y violación de los derechos humanos.

UN SENADOR PROPONE USAR LA TORTURA

Contradiciendo el pedido de la ONU, el exdirigente de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos de La Paz y senador del MAS, Eugenio Rojas, propuso ayer implementar la tortura para obtener información en casos de seguridad del Estado, crimen organizado y narcotráfico.

“Mi sugerencia es que debe aplicarse aunque no llamado tortura, no sé si podría llamarse presiones psicológicas y físicas. Tortura es lo más extremo, nosotros tenemos mucha experiencia y a consecuencia de esto mucha gente está mal”, argumentó el también presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

“Puede ser la tortura aceptada. De alguna forma, puede estar esto para presionar, que informen mucho más. Si no, nunca van a hablar. Cuando no hay esta clase de presiones al que ha cometido un delito, no habla”, agregó al precisar que es una idea personal.

La propuesta de Rojas fue descartada tajantemente por el senador del MAS Adolfo Mendoza, quien sostuvo que “la tortura no puede ser aceptada aquí (Bolivia), Estados Unidos, Guantánamo y en cualquier lado. La tortura no puede ser aceptada y se debe luchar contra esos extremos”.