Polémica. Mientras la ONU demanda acabar con la tortura en Bolivia, Eugenio Rojas justifica ‘presiones físicas y psicológicas’ en algunos casos
El Deber - 25 de marzo.- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas propuso ayer someter a presión psicológica y física a los delincuentes ‘en casos excepcionales’, como forma de combatir la inseguridad. La propuesta fue rechazada por abogados y políticos de oposición, pero en su partido dicen que urge una reforma de los procedimientos penales actuales, que son demasiado benévolos con los criminales.
La propuesta del también presidente de la Comisión de Constitución del Senado surgió un día después de que la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos presentara un informe en Ginebra, en el que recomienda al Gobierno de Evo Morales asumir medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y erradicar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles en el país.
Agencias de prensa nacionales e internacionales informaron sobre el pedido de Rojas. La ANF indicó que el parlamentario “propuso legalizar la práctica de la tortura en casos especiales”, mientras que la agencia EFE citó a Rojas declarando que “habría que permitir (la tortura) para presionar a los grandes criminales”.
Consultado por EL DEBER, el legislador oficialista afirmó que, en ciertos casos, los delincuentes deben ser objeto de ‘presiones psicológicas y físicas’. “Mi preocupación parte por acá: ahora se cometen asaltos, asesinatos, robos a mano armada, y los delincuentes no respetan a los policías y ya no tienen miedo de ir a la cárcel, porque salen y vuelven a cometer delitos. Si son ‘presionados’ física y psicológicamente van a pensar dos veces antes de reincidir”, explicó el parlamentario.
Rojas dijo que está consciente de que su posición será resistida por organismos defensores de los derechos humanos, pero se declaró convencido de que la aplicación de presiones físicas y psicológicas reducirían la comisión de delitos.
“La tortura va más allá (de mi propuesta). Yo pido aplicar presiones en casos como asesinato, delitos de lesa humanidad o robos agravados”, explicó el senador.
Al respecto, su compañero de bancada, el senador Adolfo Mendoza dijo que la postura sobre el uso de la tortura es una posición personal del senador Eugenio Rojas, al sostener que “la tortura no puede ser aceptada, aquí (Bolivia), en Estados Unidos, Guantánamo o en cualquier lado. La tortura no puede ser aceptada y se debe luchar contra esos extremos”, indicó.
La diputada de PPB-Convergencia Nacional Norma Piérola fue más dura al criticar la posición del senador Rojas, al recordar que el 22 de noviembre de 2007 en Achacachi los "ponchos rojos" degollaron a dos perros y levantaron fusiles mauser, de la Guera del Chaco, para mostrar su amenaza a las autoridades de la denominada ‘media luna’ que se oponían al cambio propuesto por Evo Morales.
“Es una vergüenza que un parlamentario pueda decir semejante barbaridad. O realmente el señor no sabe en qué dimensión está o seguramente es su actitud nata que le hace decir semejantes cosas", enfatizó la legisladora.
La tortura en la Legislación internacional
- Declaración. El artículo 5 del denominado Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigencia en julio de 1978, establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
- Convención. El artículo 2 de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas (Uncat) establece: “ningunas circunstancias excepcionales, como cuando un Estado se encuentra en guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, pueden ser invocadas como una justificación para la tortura”.
- Dos que la practican. Según el experto australiano David Hamer, “la opinión legal internacional es clara en la condena a la tortura. Pero inclusive las más claras normas son vulneradas en sus bordes. Las legislaciones de Reino Unido y Estados Unidos hacen de la tortura solamente una ‘ofensa criminal’.
- Política de Estado. El investigador Stephen Lendman afirma que, aunque la legislación israelí prohíbe la tortura y establece sanciones penales por su uso, el Estado aprobó una Ley Penal sobre la “defensa necesaria” (en violación de numerosas leyes internacionales) y permitió “la presiones psicológicas y físicas moderadas” para obtener evidencias condenatorias en los procedimientos por “causas criminales”.
- Declaración. El artículo 5 del denominado Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigencia en julio de 1978, establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
- Convención. El artículo 2 de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas (Uncat) establece: “ningunas circunstancias excepcionales, como cuando un Estado se encuentra en guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, pueden ser invocadas como una justificación para la tortura”.
- Dos que la practican. Según el experto australiano David Hamer, “la opinión legal internacional es clara en la condena a la tortura. Pero inclusive las más claras normas son vulneradas en sus bordes. Las legislaciones de Reino Unido y Estados Unidos hacen de la tortura solamente una ‘ofensa criminal’.
- Política de Estado. El investigador Stephen Lendman afirma que, aunque la legislación israelí prohíbe la tortura y establece sanciones penales por su uso, el Estado aprobó una Ley Penal sobre la “defensa necesaria” (en violación de numerosas leyes internacionales) y permitió “la presiones psicológicas y físicas moderadas” para obtener evidencias condenatorias en los procedimientos por “causas criminales”.
Reacciones
Edwin Rojas T.
Colegio Nal. de Abogados
Un senador no puede permitirse este tipo de propuestas. Hace más de un siglo que en el mundo se superó el tiempo de atentar contra los derechos humanos. La norma boliviana establece que si se agrede la integridad física o psicológica de un ciudadano los autores deben ser juzgados por la justicia, sin importar cargo o investidura si se trata de una autoridad.
Bernardo Wáyar
Col. de Abogados de La Paz
La situación es sorprendente porque proviene de un senador, que desconoce que en Bolivia la nueva Constitución Política del Estado prohíbe la tortura en cualquier forma. ¿Cómo quedaría Bolivia se prospera una propuesta así? Creo que, afortunadamente, son pocas las personas en el país que tienen esa mentalidad y aprobarían el uso de la tortura.
Germán Antelo
Senador de PPB-CN
Aplicar tortura o algún mecanismo de presión a una persona, sea psicológica o física, es totalmente anticonstitucional. Bajo este criterio cualquier ciudadano puede ser torturado por el gobierno de turno para sacarle información. Esto parece la época de la Inquisición. Si Rojas propone eso quiere decir que cree que la tortura es válida.
Lucio Marca
Diputado del MAS
No conozco las declaraciones, pero hay que revisar el contenido de su propuesta para ver si en el fondo no está orientada a reformar el sistema penal boliviano, que es muy garantista de los derechos del delincuente. Actualmente las penas son muy benignas y autores de crímenes ni siquiera llegan a pisar una cárcel cuando ya son liberados.
La ONU observa que la justicia está parcializada
La parcialización del Poder Judicial hacia lo político fue mencionado en el informe que presentó ayer en La Paz el representante de la Oficina del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot.
En su informe anual, Racicot dijo que el Poder Judicial se ha vuelto permeable a la influencia política, por lo que el Gobierno debe garantizar la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo en todos los procesos.
Desde el Viceministerio de Régimen Interior reconocieron que existe una ‘politización’ en la administración de justicia, pero el titular de esa cartera gubernamental, Marcos Farfán, la atribuyó a los partidos de la oposición y no al Ejecutivo.
Sin embargo, para el senador opositor Germán Antelo, de PPB-CN, el oficialismo introdujo la ‘judicialización de la política’ con la aprobación de la ley corta que facultó al presidente Evo Morales la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes superiores.
Racicot hizo público el informe en La Paz, un día después de que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Nave Pillay, recomendara a los ministerios de Gobierno y de Defensa erradicar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles, inhumano y degradante por parte de la fuerza pública.
Otros datos del informe
- Proceso. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Gobierno de Bolivia la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo de todos los procesados, incluyendo casos de corrupción.
- Libertad de prensa. En el informe se destaca la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, pero se resalta que la norma “prevé algunas restricciones a la libertad de expresión y de prensa”.
- Persecución. El Ministerio Público impulsó numerosos procesos legales contra gobernadores, alcaldes y exaltos funcionarios del Gobierno, y otros en funciones. El hecho de que la mayoría de estos fueran miembros de la oposición motivó alegaciones de parcialidad por parte de representantes de la oposición.
- Desacato. En 2009, la ONU recomendó a la Asamblea Legislativa que eliminara de la legislación el delito de desacato por ser contrario a la libertad de expresión, pero se desoyó el pedido.
- Proceso. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Gobierno de Bolivia la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo de todos los procesados, incluyendo casos de corrupción.
- Libertad de prensa. En el informe se destaca la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, pero se resalta que la norma “prevé algunas restricciones a la libertad de expresión y de prensa”.
- Persecución. El Ministerio Público impulsó numerosos procesos legales contra gobernadores, alcaldes y exaltos funcionarios del Gobierno, y otros en funciones. El hecho de que la mayoría de estos fueran miembros de la oposición motivó alegaciones de parcialidad por parte de representantes de la oposición.
- Desacato. En 2009, la ONU recomendó a la Asamblea Legislativa que eliminara de la legislación el delito de desacato por ser contrario a la libertad de expresión, pero se desoyó el pedido.
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