La Paz, 31 Enero (Erbol).- Sentencia periodística desde Paraguay: “Bolivia no está en camino a una dictadura, ya es una dictadura”. No es el título de una columna de opinión, sino la primera de una serie de notas sobre Bolivia publicada este lunes por el diario paraguayo ABC, cuyo director fue aludido de impulsar el refugio del gobernador de Tarija, Mario Cossío, en ese país.
“En Bolivia, Evo Morales demuestra que la dictadura se puede imponer sin la violencia de las armas. No es necesario contar con las botas de los militares para aplastar la disidencia: basta con fiscales corruptos y jueces complacientes. La ley se convirtió en una herramienta eficaz para imponer un régimen totalitario. Bolivia vive bajo una dictadura”. Ése es el epígrafe del reportaje firmado por el enviado especial Roque Gonzalez Vera, cuya serie fue titulada “Evo Morales y el reinado del terrorismo jurídico”.
En el informe periodístico se citan a los analistas políticos Ximena Costa y Carlos Cordero, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, el suspendido alcalde de Potosí, René Joaquino; legisladores de oposición y reclusos del caso Porvenir (referido a la masacre de 2008 cuyo saldo fue de una decena de campesinos y un aliado de la ex autoridad fallecidos) y de racismo en Sucre (de cuando los campesinos fueron expuestos desnudos en la capital de Bolivia), aunque no representantes de la administración gubernamental de Bolivia.
Uno a uno, los entrevistados se refieren al Gobierno desde su posición. Por ejemplo, Yamil Pilco, encarcelado e implicado en el caso de Sucre dice que es sujeto de un proceso injusto. “No pueden matarnos, entonces buscan callarnos. Nos ahogan con procesos y los fiscales nos chantajean para prestar testimonio falso. Yo no me voy a prestar, tengo dignidad”, afirma éste.
“Yo exijo un juicio. Primero, para demostrar mi inocencia, y segundo, para demostrar la responsabilidad del Gobierno en la matanza de campesinos, para forzar la imposición del estado de sitio”, reclama en el nota Leopoldo Fernández.
Sobre esto, ABC hace un repaso a las declaraciones de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo. “Leopoldo Fernández está preso por las chicanerías judiciales que está realizando. El Gobierno de Evo Morales quiere llevar el caso a proceso para que se conozca la verdad”.
Ante esa declaración, el periodista plantea una conclusión: “Si es cierto lo que dijo la ministra Suxo, el caso de Leopoldo Fernández es realmente inédito: las chicanas se plantean para no ir a la cárcel, no estando dentro”.
En su opinión, Cordero dice que en Bolivia “no existe el Estado de derecho. Las leyes se utilizan para desarticular a la oposición y los fiscales son los encargados de perseguir a todo ciudadano que tenga un pensamiento diferente”.
Y “la imagen de Evo Morales se construyó en función a intereses políticos. En el escenario internacional es impresentable como cocalero. Entonces inventan la historia de sumo sacerdote aimara y su condición de indígena”, comenta Costa, quien tuvo un intento fallido de ser candidata presidencial por la oposición para las elecciones de 2009.
La nota comienza con un recuento de la llegada de Morales al poder, en 2005, y los discursos de éste en relación a distintos temas, como la inclusión de los indígenas en las políticas estatales. “(Con Morales) se presentó a la opinión pública internacional una farsa: un indígena como Presidente de la nación más pobre de Sudamérica. Se llegó al colmo de entronizarlo como máximo sacerdote de la nación aymara”, escribe el periodista.
Describe las opiniones sobre algunos resultados de las políticas gubernamentales como la Renta Dignidad, bono por el que muchos ancianos llamaron “padre” al Presidente del Estado. “La realidad de Evo Morales es otra: es padre de varios hijos y hasta ahora sólo una mujer logró sacarle la prestación de alimentos, mediante orden judicial. El proceso tuvo lugar antes de que ocupe el Poder Ejecutivo”, dice Gonzalez Vera.
El diario ABC apareció en la escena política de Bolivia cuando el vocero de Morales, Iván Canelas, acusó a su director, Aldo Zucolillo, de haber incidido en la decisión del Consejo Nacional del Refugiado (Conare) del Paraguay que optó por aprobar el refugio de Cossío, acusado en Bolivia de ser parte de una veintena de casos de corrupción, entre ellos el de Imbolsur, por el que es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público.
Según la denuncia, el senador liberal Alfredo Jaeggly admitió haber ayudado a salir a Cossío de Bolivia en la valijera del vehículo de su amigo. “Entonces Cossío se puso en contacto conmigo, yo me puse en contacto con Aldo y le explique todo y con él estamos haciendo esa campaña a favor de ese señor”, confiesa el legislador en una entrevista con el diario La Nación de Paraguay.
ABC es un diario de tendencia de derecha. En Paraguay es considerado como un medio de comunicación que apoyó desde sus páginas la dictadura de Alfredo Stroessner, y ahora detractor de gobiernos de izquierda de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
“En Bolivia, Evo Morales demuestra que la dictadura se puede imponer sin la violencia de las armas. No es necesario contar con las botas de los militares para aplastar la disidencia: basta con fiscales corruptos y jueces complacientes. La ley se convirtió en una herramienta eficaz para imponer un régimen totalitario. Bolivia vive bajo una dictadura”. Ése es el epígrafe del reportaje firmado por el enviado especial Roque Gonzalez Vera, cuya serie fue titulada “Evo Morales y el reinado del terrorismo jurídico”.
En el informe periodístico se citan a los analistas políticos Ximena Costa y Carlos Cordero, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, el suspendido alcalde de Potosí, René Joaquino; legisladores de oposición y reclusos del caso Porvenir (referido a la masacre de 2008 cuyo saldo fue de una decena de campesinos y un aliado de la ex autoridad fallecidos) y de racismo en Sucre (de cuando los campesinos fueron expuestos desnudos en la capital de Bolivia), aunque no representantes de la administración gubernamental de Bolivia.
Uno a uno, los entrevistados se refieren al Gobierno desde su posición. Por ejemplo, Yamil Pilco, encarcelado e implicado en el caso de Sucre dice que es sujeto de un proceso injusto. “No pueden matarnos, entonces buscan callarnos. Nos ahogan con procesos y los fiscales nos chantajean para prestar testimonio falso. Yo no me voy a prestar, tengo dignidad”, afirma éste.
“Yo exijo un juicio. Primero, para demostrar mi inocencia, y segundo, para demostrar la responsabilidad del Gobierno en la matanza de campesinos, para forzar la imposición del estado de sitio”, reclama en el nota Leopoldo Fernández.
Sobre esto, ABC hace un repaso a las declaraciones de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo. “Leopoldo Fernández está preso por las chicanerías judiciales que está realizando. El Gobierno de Evo Morales quiere llevar el caso a proceso para que se conozca la verdad”.
Ante esa declaración, el periodista plantea una conclusión: “Si es cierto lo que dijo la ministra Suxo, el caso de Leopoldo Fernández es realmente inédito: las chicanas se plantean para no ir a la cárcel, no estando dentro”.
En su opinión, Cordero dice que en Bolivia “no existe el Estado de derecho. Las leyes se utilizan para desarticular a la oposición y los fiscales son los encargados de perseguir a todo ciudadano que tenga un pensamiento diferente”.
Y “la imagen de Evo Morales se construyó en función a intereses políticos. En el escenario internacional es impresentable como cocalero. Entonces inventan la historia de sumo sacerdote aimara y su condición de indígena”, comenta Costa, quien tuvo un intento fallido de ser candidata presidencial por la oposición para las elecciones de 2009.
La nota comienza con un recuento de la llegada de Morales al poder, en 2005, y los discursos de éste en relación a distintos temas, como la inclusión de los indígenas en las políticas estatales. “(Con Morales) se presentó a la opinión pública internacional una farsa: un indígena como Presidente de la nación más pobre de Sudamérica. Se llegó al colmo de entronizarlo como máximo sacerdote de la nación aymara”, escribe el periodista.
Describe las opiniones sobre algunos resultados de las políticas gubernamentales como la Renta Dignidad, bono por el que muchos ancianos llamaron “padre” al Presidente del Estado. “La realidad de Evo Morales es otra: es padre de varios hijos y hasta ahora sólo una mujer logró sacarle la prestación de alimentos, mediante orden judicial. El proceso tuvo lugar antes de que ocupe el Poder Ejecutivo”, dice Gonzalez Vera.
El diario ABC apareció en la escena política de Bolivia cuando el vocero de Morales, Iván Canelas, acusó a su director, Aldo Zucolillo, de haber incidido en la decisión del Consejo Nacional del Refugiado (Conare) del Paraguay que optó por aprobar el refugio de Cossío, acusado en Bolivia de ser parte de una veintena de casos de corrupción, entre ellos el de Imbolsur, por el que es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público.
Según la denuncia, el senador liberal Alfredo Jaeggly admitió haber ayudado a salir a Cossío de Bolivia en la valijera del vehículo de su amigo. “Entonces Cossío se puso en contacto conmigo, yo me puse en contacto con Aldo y le explique todo y con él estamos haciendo esa campaña a favor de ese señor”, confiesa el legislador en una entrevista con el diario La Nación de Paraguay.
ABC es un diario de tendencia de derecha. En Paraguay es considerado como un medio de comunicación que apoyó desde sus páginas la dictadura de Alfredo Stroessner, y ahora detractor de gobiernos de izquierda de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
