Martes, 17 de Agosto de 2010 - Cash24Horas.- La votación electoral del presidente Morales en su reelección llevó a suponer a muchos analistas que los conflictos sociales bajarían en intensidad y frecuencia. Lo que se observa en el primer semestre de 2010 es algo diferente. El promedio ha sido de un poco más de 68 eventos conflictivos por mes, que es algo superior al prevaleciente en 2009 (que fue de 64) y bastante superior al promedio histórico de los últimos 40 años.
En el semestre se registró, además, un nuevo record histórico de 117 eventos conflictivos registrados por la prensa en mayo, según el informe de Riesgo y Seguridad Bolivia.
A los conflictos “habituales” se sumaron ese mes los provocados por los gremios de trabajadores dependientes que demandaban aumentos salariales.
“Está claro que, más allá de las oscilaciones, hay una tendencia al crecimiento en la cantidad de eventos conflictivos en el país, al punto que podría argumentarse que las acciones de presión son parte habitual del lenguaje político en esta coyuntura”, explica el informe.
Hay una tendencia descendente de acciones conflictivas en Cochabamba y una ascendente en La Paz, con Santa Cruz manteniéndose como el departamento con el mayor número de conflictos en cinco de los seis meses de lo que va del año.
Agrupando los conflictos de todo el semestre según el “adversario”, encontramos que la gran mayoría se dirige hacia el Estado central. Cuarenta y seis por ciento de los 409 conflictos del semestre buscaron establecer una relación directa con el Gobierno central. En segundo lugar se encuentran las empresas del Estado, cuya interlocución se hace cada día más relevante para la gente, habida cuenta de que representan oportunidades de empleo, manejan recursos de inversión y abastecen de bienes y servicios a la población.
Es bastante lógico que el Estado central y otras ramas de gobierno sean los principales “adversarios” del conflicto. El Gobierno se ha definido a sí mismo como “de los movimientos sociales” y éstos logran hacerse visibles mediante acciones colectivas, que son también el método a través del cual dirimen rivalidades con otros grupos organizados y resuelven problemas de organización y liderazgo, explica el informe.
Por lo tanto, los conflictos no representan una amenaza a la estabilidad del Gobierno. De hecho, no ponen en duda el derecho del presidente Morales a ejercer el cargo. Pero es indudable que limitan seriamente su capacidad para hacerlo. Al demandar atención, objetar decisiones, exigir cambios en los planes y proyectos gubernamentales, este enorme cúmulo de acciones conflictivas erosiona severamente la capacidad de gestión del Gobierno, de por sí afectada por los cambios institucionales que se propuso llevar a cabo. Podría incluso establecerse con bastante certeza que hay una correlación inversa entre la cantidad de eventos conflictivos y la calidad de la gestión.
“Tampoco puede llamar la atención que la mayor cantidad de conflictos tenga motivaciones de carácter económico. No son protestas frente a la crisis, sino demandas de participar de la abundancia”, dice el informe.
LENGUAJE POLÍTICO
• En síntesis, según el informe de Riesgo y Seguridad Bolivia, los conflictos en la gestión del presidente Evo Morales son parte del lenguaje político y nada parece indicar que disminuyan.
• El riesgo, como ya se vio en muchas ocasiones, es que deriven en acciones violentas y en enfrentamientos entre los propios actores sociales.
• Este rebalse de violencia ocurrió en Huanuni y en Caranavi y puede volver a ocurrir en cualquier momento o lugar.
• El último conflicto que la gestión de Evo tuvo que afrontar es el de Potosí.
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