La Prensa, La Paz - Bolivia,miércoles, 18 de agosto de 2010 .- El proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social da pie a que se efectúen labores de espionaje sobre los funcionarios públicos.
En el capítulo I “Disposiciones y principios fundamentales” del proyecto, su artículo 9 establece el concepto de “vigilar”, que define como “observar y espiar el comportamiento de los servidores públicos y custodiar bien los bienes del Estado”.
Fiscalizar es, según el mismo proyecto, “inspeccionar, vigilar y cuidar los bienes públicos.
El jurista Carlos Alarcón explicó que la atribución de espiar plantea una negativa a la presunción de inocencia y abre la sospecha generalizada de que todos los funcionarios públicos son delincuentes y corruptos, personas que, por tanto, tienen que ser objeto de vigilancia por parte de un grupo que, en el plano moral, se encuentra por encima de ellos.
El Código Penal sanciona el espionaje como parte de los delitos contra la seguridad externa del Estado y solamente admite la figura de los agentes encubiertos o la entrega vigilada para investigar, con autorización judicial, los delitos de narcotráfico.
Alarcón alertó de que el espionaje implica riesgos de que esa actividad derive en procesos con penas agravadas para los funcionarios públicos.
“Esto hará que sea insalubre la gestión pública, contribuyendo a su paralización e ineficiencia”.
En el capítulo I “Disposiciones y principios fundamentales” del proyecto, su artículo 9 establece el concepto de “vigilar”, que define como “observar y espiar el comportamiento de los servidores públicos y custodiar bien los bienes del Estado”.
Fiscalizar es, según el mismo proyecto, “inspeccionar, vigilar y cuidar los bienes públicos.
El jurista Carlos Alarcón explicó que la atribución de espiar plantea una negativa a la presunción de inocencia y abre la sospecha generalizada de que todos los funcionarios públicos son delincuentes y corruptos, personas que, por tanto, tienen que ser objeto de vigilancia por parte de un grupo que, en el plano moral, se encuentra por encima de ellos.
El Código Penal sanciona el espionaje como parte de los delitos contra la seguridad externa del Estado y solamente admite la figura de los agentes encubiertos o la entrega vigilada para investigar, con autorización judicial, los delitos de narcotráfico.
Alarcón alertó de que el espionaje implica riesgos de que esa actividad derive en procesos con penas agravadas para los funcionarios públicos.
“Esto hará que sea insalubre la gestión pública, contribuyendo a su paralización e ineficiencia”.
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