Por Central Redacción - Los Tiempos - 11/08/2010.- Los partidarios del gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, alistan una estrategia de defensa social y legal para hacer frente a la imputación que le sigue adelante la Fiscalía de ese departamento por haber incurrido en delitos al haber llevado adelante el referéndum de los estatutos autonómicos departamentales el 1 de junio de 2008.
Funcionarios confirmaron que los seguidores del Gobernador preparan una vigilia para este viernes, cuando Suárez se presente en la Fiscalía atendiendo la citación que recibió de esta última entidad, acusado de malversación de recursos (3,5 millones de bolivianos), disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes.
El vocero de Suárez y director de Autonomías de la Gobernación de Beni, Mauricio Paz, dijo que no existen argumentos legales ni normativos que obliguen a Suárez a pasar a un juicio oral, una situación que, de darse, obligaría al Gobernador a pedir licencia a su cargo.
Según Paz, el referéndum convocado por Suárez fue legal y constitucional pues se enmarcó en el artículo cuarto de la CPE de 1967 (vigente en ese momento) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). Además, esta ley establece la mecánica para activar el referéndum, y si necesitaban 8.500 firmas del padrón electoral, se presentaron 62.136 firmas en total, casi el 80 por ciento de dicho padrón.
Además, según Paz, no existe ningún fallo del tribunal constitucional ni resolución de la Corte Suprema de Justicia que establezca la ilegalidad del referéndum del 1 de junio. “Más aún, la actual Constitución lo reconoce en varias partes y también las normas que de ella se desprenden”, explicó.
La disposición tercera transitoria de la CPE establece que los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, que optaron por la autonomía en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a la CPE y sujetarlos a control de constitucionalidad.
Además, figuras establecidas en el referéndum de Beni, como la de los vicegobernadores, subgobernadores, corregidores y escaños campesinos e indígenas, fueron retomadas por la Ley de Régimen Electoral, dijo Paz.
“Por tanto, significa que los delitos que se le imputan en caso de malversación, disposiciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes no aplican para tener fuerza de coacción para llevar al Gobernador a un juicio oral. En ese sentido estamos totalmente tranquilos”, concluyó.
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