La Paz, 2 Febrero (Erbol).- Motivado por la polémica del video-soborno, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas admitió este miércoles que su partido estudia una ley destinada a legalizar el pago a informantes que contribuyan a la preservación de la seguridad del Estado.
“Hay una discusión sobre este asunto. No podemos volver a los gastos reservados. Se discute y analiza el tema con mucha profundidad; hay que hacerlo con la ciudadanía y con las instancias correspondientes: (hablar de) los gastos reservados para estos temas. Tiene que haber una ley (para establecer) cómo hacer los descargos de dinero; ahí está el problema. Cómo (sabremos) realmente si ese dinero se ha entregado al informante. Es un tema muy delicado, que nos puede traer problemas”, dijo el legislador en una entrevista con la red Erbol.
Rojas, que en el día ha causado un debate acerca de si Ignacio Villa Vargas, el testigo clave del caso Rósza, fue o no informante del Ministerio Público, o Carlos Núñez del Prado, del Gobierno, consideró necesaria la norma, en aras de garantizar la seguridad del Estado y de la ciudadanía. “Hay que trabajar; si no trabajamos (la ley), no vamos a poder detener a los grandes narcotraficantes o asaltantes; tenemos que tener informantes”, insistió el legislador.
El 13 de enero de 2011, Erbol y la televisora Cadena A difundieron un video en el que se ve a Villa Vargas, alias “El Viejo”, recibir 31.500 dólares de parte de una persona cuya voz fue identificada extraoficialmente como la de Núñez del Prado. Aunque no se determinó exactamente –el Ministerio Público investiga el caso— el origen del dinero, se teme que éste tiene procedencia de alguna oficina del Estado.
Si bien Rojas cree que las autoridades judiciales deben establecer de dónde salieron los dólares, consideró que Núñez del Prado cumplía una misión oficial. “La tarea de Núñez del Prado era proteger al Estado, como seguridad del Estado, desde el Ministerio de Gobierno, estaba cumpliendo una misión”, dijo.
“En Bolivia casi no es novedoso ese tema de proteger la seguridad del Estado. Por ejemplo, en narcotráfico, cómo podemos encontrar droga o quién nos puede informar, y a cambio de eso qué hacemos”, persistió Rojas.
Así, afirmó que “hay que buscar formas para que esto (el pago por la información a favor de la seguridad del Estado) sea legal”. “Como no hay ley, es difícil manejar ese dinero”, aseguró.
El Gobierno de Evo Morales eliminó los gastos reservados, dinero presupuestado que en los regímenes anteriores permitía a las autoridades hacer gastos y pagos de libre disposición y sin rendición de cuentas. Anualmente, esos gastos alcanzaban una cifra promedio de 300 millones de dólares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario