Tragedia. Rodolfo Rivera Mamani, de 21 años, es la víctima 13 del derrumbe del edificio Málaga, ocurrido hace nueve días. Ayer demandaron a la dueña y a dos funcionarios ediles
El Deber - 02 de febrero.- Trabajadores de la construcción presentaron ayer una querella criminal contra la propietaria del edificio derrumbado Málaga, Paulina Callaú Jarpa, y dos funcionarios de la municipalidad, a quienes sindican de ser los responsables de una serie de delitos porque las víctimas fueron obligadas a trabajar en una estructura con fallas y que ponía en riesgo la vida de los trabajadores.
EL DEBER intentó comunicarse en varias oportunidades con la abogada de la defensa de Callaú, Martha Ruiz, y con autoridades municipales para conocer su versión sobre la querella, pero no pudieron ser ubicados.
De acuerdo con la querella presentada en la Fiscalía de Distrito, a las 16:30, los denunciados que deberán responder junto a Callaú son el director de la Oficina Técnica del Plan Regulador, aunque no especifica nombre, y el director de Regulación Urbana, Luis Rodríguez. Además, incluye a los responsables de la Sociedad Inmobiliaria (Sicruz) por los supuestos delitos de homicidio, delitos contra la seguridad común, estragos, lesión seguida de muerte, trata de seres humanos, coacción, asociación delictuosa y falsedad ideológica.
Según el memorial que presentaron en la Fiscalía, la denuncia se sustenta en base a declaraciones testificales y de los sobrevivientes quienes manifestaron que los contratistas de la obra, los ingenieros Armando Ribera y Enrique Alarcón (ambos fallecidos en el derrumbe) convocaron a obreros de otras construcciones para que ayuden en el Málaga.
Según el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Construcción, Edilberto Égüez, la querella tiene la finalidad además de que la empresa constructora pague una indemnización a los familiares de las 13 víctimas (dos cuerpos aún están entre la mole) y que la investigación sirva para conocer a ciencia cierta cuántas personas quedaron sepultadas entre los escombros del Málaga que se derrumbó el lunes 24.
El abogado de las víctimas, Jaime Soliz, explicó que la demanda tiene la finalidad de que el proceso de indemnización a los familiares se debe hacer previa verificación y peritaje de las causas del derrumbe del edificio, se aclare la contratación de jóvenes y niños para que trabajen en esa obra, el traslado de obreros de otro lugares al edificio Málaga, además si es que la construcción de este edificio tenía la autorización respectiva de la dirección de Patrimonio Cultural de la Municipalidad.
Horas antes de la presentación de la querella criminal contra dos funcionarios ediles y de la propietaria del Málaga, el asesor legal de la Alcaldía cruceña, José Negrete, evitó pronunciarse sobre el caso y evitó dar nombres del responsable que aprobó los planos para la construcción del edificio que se derrumbó y que provocó la muerte de al menos 15 personas (13 cuerpos ya fueron recuperados) y siete personas damnificadas.
Por la tarde el oficial mayor de Planificación Edmundo Farah tenía previsto dar una conferencia de prensa para referirse a este caso; sin embargo, desde el Gobierno Municipal se informó la suspensión hasta nuevo aviso.
Anoche, en el programa No Mentirás de la Red PAT, se difundió una entrevista grabada a la propietaria del edificio Málaga, Paulina Callaú, que confirmó ser la accionista de la empresa Sicruz que construyó el Málaga. Ella posee el 49% de las acciones, Andrea Callaú con el 49% e Ismael Serrate con casi el 0,3%.
Asimismo, Callaú negó que sobre el terreno y el mismo edificio pese alguna hipoteca.
En el set del programa televisivo estuvo el abogado Jaime Soliz, que criticó a Callaú por mostrarse como la víctima. Para el jurista los verdaderas víctimas son los trabajadores fallecidos, los huérfanos y sus familias.
Verifican domicilio para citar a testigos
La Fiscalía de Distrito inició el proceso de verificación de los domicilios de las personas involucradas en el caso Málaga para después emitir las citaciones a fin de tomar las declaraciones. De acuerdo al fiscal encargado de la investigación del derrumbe del edificio multifamiliar, Luis Montaño, en el transcurso de la próximas horas se asignará a otras autoridades del Ministerio Público para que coadyuven en el proceso judicial y así determinar quienes son los directos responsables de la edificación, que se derrumbó el pasado lunes y cobró la vida de 15 personas.
Según Montaño, la designación de otras autoridades se dará después de la reunión con la fiscal de distrito Arminda Méndez.
“Tuve reuniones con la Fiscalía de Distrito y vamos a ver la posibilidad de realizar con el apoyo de otros fiscales”, dijo el responsable de la investigación del Málaga y afirmó que por el momento es el director funcional inicial, es decir, que es el directo responsable de ese caso que fue declarado en reserva. El Ministerio Público adelantó el martes que se emitirá citaciones a todos los testigos presenciales, técnicos y al personal de la constructora para conocer su versión sobre el hecho.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen espera el informe de los peritos forenses sobre el rescate para ejecutar las citaciones.
En la jornada
- Ampliado. La Federación Sindical de Constructores convocó a sus afiliados a un ampliado para fijar posición sobre la muerte de 15 personas, entre ellos obreros, que fallecieron durante el derrumbe del edificio Málaga. La cita será el sábado.
- Concejo. La presidenta del órgano deliberante, Desirée Bravo, dijo que la Alcaldía no hace investigaciones a las construcciones privadas porque no hay una ley que instruya ese trabajo. Pese a esa aclaración la bancada del MAS solicitó un informe pormenorizado de las autorizaciones para la construcción del ahora desplomado edificio Málaga. Enviaron una nota escrita al alcalde Percy Fernández para obtener la información referente a los permisos para la construcción de los 10 pisos del derrumbado edificio multifamiliar.
- Masistas. El concejal del MAS, Saúl Ávalos, cuestionó el contrato que se aprobó en el Concejo Municipal, del cerramiento del hospital de segundo nivel del Plan Tres Mil, por un monto de Bs 4,8 millones, pese a que no contaba con las pólizas de garantía de cumplimiento de control y la de garantía de correcta inversión de anticipo, ni tampoco presentaron copia legalizada de la licencia de funcionamiento.
- Obreros. Los abogados de defensa Jaime Soliz y Óscar Menacho se reunieron con algunos familiares de las víctimas.
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