Dirigentes del periodismo boliviano independiente aseguraron que el reglamento de referencia será rechazado y, en su lugar, ratificada la vigencia plena de la Ley de Imprenta que en enero próximo cumplirá 85 años como una norma con principios pioneros en América Latina y que persisten en defensa del derecho humano universal de la libertad de expresión y de prensa.
El Diario - 28 de diciembre de 2010.- Frente a los aprestos del Gobierno y grupos afines al oficialismo para la aprobación del Reglamento de la Ley antirracista que atenta contra la libertad de expresión, sectores representativos de la prensa independiente de Bolivia ratificaron la vigencia de la Ley de Imprenta y la autorregulación como mecanismos de control a periodistas y medios de comunicación, según explicó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) Ramiro Echazú.
La reglamentación sobre la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que incluye los artículos 16 y 23, los cuales vulneran la libertad de expresión de la ciudadanía, fue elaborada por el Gobierno central y sectores afines al oficialismo, y sería presentada en las siguientes horas.
El dirigente de los trabajadores de la prensa, ratificó que los medios independientes de Bolivia se regularán mediante la Ley de Imprenta y los mecanismos que ésta atribuye constitucionalmente al sector. Criticó la reglamentación de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación elaborada por el Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Descolonización y Ministerio de Culturas.
“Para este anteproyecto, la Ley en sí, los dos ‘artículos mordaza’ y esta reglamentación que se anuncia, nunca fuimos consultados, es decir, no se ha jugado de manera limpia ni con nuestro gremio ni con sectores de la sociedad, por tanto asumimos la autorregulación a partir de la Ley de Imprenta”, manifestó.
LEY DE IMPRENTA VIGENTE
Echazú se refirió además a la iniciativa ciudadana para modificar los artículos “mordaza” de la normativa, presentada ante la Asamblea Legislativa. “Seguimos firmes en que se respete la Ley de Imprenta porque es un primer elemento de autorregulación con vigencia en el país y es oportuno que desde el siguiente año se refuerce y siga la aplicación de este instrumento, además esperamos que la Asamblea Legislativa pueda tratar esta iniciativa porque es un mandato de la CPE”.
El documento que sería promulgado en las siguientes horas establece sanciones para los medios de comunicación con multas sobre el total de la declaración tributaria de una empresa, en una primera instancia con 50 a 150 días de multa; 150 a 300 días en una segunda oportunidad y luego con 150 a 360 días, además de la inhabilitación temporal de funcionamiento.
Si bien el reglamento borrador propuesto por los sectores oficialistas a consideración de Palacio de Gobierno no contempla el cierre definitivo de un medio de comunicación, ratifica que los periodistas o trabajadores de la prensa que incurran en publicación de mensajes supuestamente racistas o discriminatorias serán acusados y remitidos a la justicia ordinaria dejando de lado la vigencia de la Ley de Imprenta.
“Entre el 18 y 19 de enero en Sucre habrá dos actividades, por un lado será una conferencia extraordinaria donde estarán las dirigencias departamentales de todo el país y el 19 aprovechando que se recuerda un año más de la vigencia de la Ley de Imprenta, existe la posibilidad de una cumbre del periodismo, para analizar estos temas de coyuntura”, anunció.
COMITÉ ANTIRRACISMO
La Ley antirracismo será regulada mediante el Comité contra el racismo y discriminación, conformado por el Ministerio de Culturas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Planificación de Desarrollo y Ministerio de Defensa; Órgano Judicial; Órgano Electoral; Órgano Legislativo, a través de la Comisión de DDHH; Gobiernos autónomos departamentales; Gobiernos autónomos municipales; autonomías indígenas originarias campesinas.
Finalmente, intervendrán las organizaciones sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB) Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y las organizaciones Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) Confederación Nacional de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq). La participación de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa no fue confirmada, porque en la ley se menciona a la “federación” nacional.
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