El cambio - 16 de diciembre de 2010.- El defensor del Pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera, decidió intervenir e interceder por los asambleístas de los pueblos indígenas, quienes denunciaron el desconocimiento de sus derechos por parte de la Asamblea Departamental cruceña.
Los asambleístas cruceños del gobernador Rubén Costas (los Verdes) aprobaron una ley que restringue un curul a una asambleísta yuracaré-moxeña, la echaron de las sesiones y, con ello, desconocieron una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las elecciones por usos y costumbres indígenas y se pusieron, con esa norma, al margen de la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley.
La ley departamental aprobada por los asambleístas de Costas —clasificada con el número 25— elimina políticamente a la asambleísta del pueblo yucararé-moxeño Rosmeri Gutiérrez Herbas de Galindo, pese a que fue reconocida por Resolución 063/2010 del 30 de noviembre del Tribunal Supremo Electoral, que incluso le entregó su credencial de asambleísta departamental.
Al respecto, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, aseguró que la aplicación de la ley cruceña es inviable porque está al margen de la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral.
En ese contexto, el defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, explicó que “la Defensoría del Pueblo envío notas al presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz exhortándole a cumplir la ley, caso contrario podrían ser procesados por incumplimiento de deberes”.
Agregó que los asambleístas de los pueblos indígenas yuracaré-moxeño, chiquitano, guaraní, guarayo y ayoreo, en reuniones con su autoridad, le expresaron su preocupación por la vulneración de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y otros, por lo que pidieron su intervención.
Con relación a la denuncia de que la asambleísta yuracaré-moxeña Rosmeri Gutiérrez la semana pasada fue obligada a desalojar su curul por el presidente de la Asamblea Departamental, Alcides Villágomez, pese a tener la acreditación del TSE, Cabrera sostuvo que eso se analiza con representantes de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).
Cabrera, con relación al curul que reclama el pueblo yuracaré-moxeño, aseguró que la Defensoría del Pueblo envió una copia de la nota de los pueblos indígenas al presidente del TSE, Wilfredo Ovando, para que resuelva su queja.
“En la reunión con los cuatro vocales del TSE me han informado que existe una demanda —por el desconocimiento de la Resolución 063— por parte del pueblo moxeño, por lo que anunciaron que el tema será analizado en los próximos días”, dijo.
El asambleísta del pueblo guarayo, Wilson Áñez, uno de los cinco indígenas integrantes de la entidad legislativa cruceña, denunció que los Verdes se niegan a admitir a la representante yuracaré-moxeña por temor a perder su mayoría simple.
Los asambleístas cruceños del gobernador Rubén Costas (los Verdes) aprobaron una ley que restringue un curul a una asambleísta yuracaré-moxeña, la echaron de las sesiones y, con ello, desconocieron una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las elecciones por usos y costumbres indígenas y se pusieron, con esa norma, al margen de la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley.
La ley departamental aprobada por los asambleístas de Costas —clasificada con el número 25— elimina políticamente a la asambleísta del pueblo yucararé-moxeño Rosmeri Gutiérrez Herbas de Galindo, pese a que fue reconocida por Resolución 063/2010 del 30 de noviembre del Tribunal Supremo Electoral, que incluso le entregó su credencial de asambleísta departamental.
Al respecto, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, aseguró que la aplicación de la ley cruceña es inviable porque está al margen de la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral.
En ese contexto, el defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, explicó que “la Defensoría del Pueblo envío notas al presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz exhortándole a cumplir la ley, caso contrario podrían ser procesados por incumplimiento de deberes”.
Agregó que los asambleístas de los pueblos indígenas yuracaré-moxeño, chiquitano, guaraní, guarayo y ayoreo, en reuniones con su autoridad, le expresaron su preocupación por la vulneración de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y otros, por lo que pidieron su intervención.
Con relación a la denuncia de que la asambleísta yuracaré-moxeña Rosmeri Gutiérrez la semana pasada fue obligada a desalojar su curul por el presidente de la Asamblea Departamental, Alcides Villágomez, pese a tener la acreditación del TSE, Cabrera sostuvo que eso se analiza con representantes de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).
Cabrera, con relación al curul que reclama el pueblo yuracaré-moxeño, aseguró que la Defensoría del Pueblo envió una copia de la nota de los pueblos indígenas al presidente del TSE, Wilfredo Ovando, para que resuelva su queja.
“En la reunión con los cuatro vocales del TSE me han informado que existe una demanda —por el desconocimiento de la Resolución 063— por parte del pueblo moxeño, por lo que anunciaron que el tema será analizado en los próximos días”, dijo.
El asambleísta del pueblo guarayo, Wilson Áñez, uno de los cinco indígenas integrantes de la entidad legislativa cruceña, denunció que los Verdes se niegan a admitir a la representante yuracaré-moxeña por temor a perder su mayoría simple.
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