Los Tiempos - 26 de enero.- Las leyes anticorrupción promulgadas por el Gobierno de Evo Morales el año pasado “no respetan plenamente las garantías de justo y debido proceso”, según el informe mundial sobre Derechos Humanos 2010 de Human Rights Watch (HRW) presentado en Bruselas el pasado lunes. Ninguna autoridad de Gobierno se pronunció al respecto.
El informe además, con relación a Bolivia, observa que Morales tomó la decisión ante “la incapacidad del Poder Legislativo de ponerse de acuerdo para designar cinco jueces interinos de la Corte Suprema y varios del Tribunal Constitucional” “en un proceso que careció de las garantías habituales para la selección de jueces”.
Al igual que sucediera con recientes informes de Freedom House y The Economist, en este último reporte de HRW, Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales aparece entre las naciones que han visto deteriorarse sus estándares de libertades y garantías.
Entre otros puntos, el informe señala que el Gobierno no ha hecho nada para acabar con la impunidad por las violaciones de derechos humanos durante los Gobiernos dictatoriales –por lo que advierten que la impunidad “representa un problema serio en Bolivia”– ni en el caso de muertes y lesiones durante violentas protestas antigubernamentales entre 2008 y 2010.
“Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas que desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales no han sido llevados ante la justicia. En 2010, funcionarios del Gobierno del presidente Evo Morales expresaron su apoyo al Ejército cuando éste incumplió órdenes judiciales que permitían el acceso a información”, señala el informe.
“Las leyes promulgadas en 2010 que tienen por objeto fortalecer la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos y corrupción incluyen disposiciones que contravienen las normas internacionales del debido proceso y el juicio justo, incluida la prohibición de aplicación retroactiva del derecho penal y el derecho a estar presente durante el juicio”, según el informe.
Agrega que la ley contra la corrupción también permite juzgar a exjefes de Estado en rebeldía, una disposición que resulta incompatible con el derecho a estar presente durante el juicio a fin de poder ejercer una defensa adecuada.
Líderes opositores actualmente acusados o sometidos a juicio también cuestionaron la retroactividad de la ley y la designación de jueces por el Ejecutivo. Varios fugaron del país alegando falta de garantías.
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