Los Tiempos - 25 de enero.- Una marcha de protesta convocada por los ayllus potosinos Chullpa y Siquya en contra del alza de los precios de los alimentos, ayer en horas de la mañana en la población de Llallagua, se salió de control y terminó con el saqueo y destrucción de al menos 40 locales comerciales y viviendas particulares de la calle Linares de esa población. Varios propietarios de tiendas fueron golpeados.
Los 69 policías permanecieron ayer acuartelados en esa localidad, mientras la muchedumbre asaltaba tiendas y lanzaba piedras a ventanas. Por la tarde, llegaron al lugar más efectivos de Oruro.
El alcalde titular de ese municipio nortepotosino, Tomás Quiroz (MSM), que se encontraba en La Paz cuando se registraban los hechos de violencia, dijo que solicitó a las autoridades gubernamentales autorizar la intervención del Ejército para evitar nuevos saqueos, pero no recibió respuesta.
Ante este ataque, las juntas vecinales y el Comité Cívico local se organizaron para repeler eventuales nuevas agresiones, responsabilizaron al Gobierno de esos desmanes y le exigieron que asuma el costo de la pérdida que sufrieron los comerciantes, pese a que los principales dirigentes de los ayllus se comprometen a devolver lo sustraído.
También pidieron la renuncia del Comandante de la Policía de Potosí, Edwin Durán, quien habría instruido el acuartelamiento de los policías destinados a Llallagua, en lugar de ordenar su salida para proteger a los pobladores y evitar los desmanes.
Durán justificó la orden. Dijo que fue para evitar el enfrentamiento de los manifestantes contra los policías. “La Policía no intervino para evitar un posible enfrentamiento con los marchistas, pero en este momento (cuando las tiendas de la calle Linares de Llallagua ya habían sido saqueadas), los uniformados ya están haciendo el patrullaje en las calles para evitar mayores desmanes”, dijo.
Sin embargo, Durán aseguró que advirtieron a los comerciantes no abrir sus tiendas. “La Policía ya les comunicó con anticipación para que se abstengan de abrir sus puestos de venta, pero algunos no hicieron caso al aviso policial, y han seguido atendiendo sus locales y tuvimos que lamentar los saqueos”.
Agregó que al momento de los violentos hechos, que se registraron prácticamente durante toda la mañana, 69 policías estaban en Llallagua acuartelados, al igual que otros 52 efectivos en Uncía, población contigua.
Virgilio Urquieta, corregidor titular del ayllu Chullpa, explicó que desde que el Gobierno promulgó el gasolinazo, se produjo un alza de precios que no se revirtió con su abrogación. “Dimos 72 horas de plazo para que se rebajen los artículos más importantes. Nosotros no somos asalariados”.
Al haberse cumplido ese término, los comunarios de ambos ayllus decidieron marchar en Llallagua. En forma paralela, afiliados a la Federación Regional de Cooperativas Mineras de Llallagua convocaron a otra marcha para protestar contra la elevación del costo de vida.
La alcaldesa interina, Arminda Mamani (MSM), confirmó que los precios de algunos productos tales como el arrocillo se incrementaron de 90 a 180 bolivianos, mientras que no se encuentra azúcar a ningún precio.
Ante ello, el Concejo Municipal emitió una ordenanza que obligaba a rebajar precios y colocar una lista de éstos en un lugar visible. Pocos cumplieron esa disposición edil. “La gente estaba enardecida y, lamentablemente, inocentes han pagado por los especuladores”.
La autoridad no pudo estimar el monto saqueado ni los daños.
Responsabilizan al Gobierno
El presidente del Comité Cívico de Llallagua, Jesús Camacho, solicitó ayer, a través de la red Erbol, que el Gobierno asuma el costo de la pérdida sufrida por los comerciantes y vecinos, por considerar que es responsable del alza de los precios.
Entretanto, el alcalde titular de ese municipio, Tomás Quiroz (MSM), quien se encontraba ayer en La Paz, dijo que solicitó la intervención del Ejército para evitar nuevos saqueos. “Voy a pedir nuevamente a las autoridades gubernamentales asumir su responsabilidad e instruir al Ejército para persuadir y evitar más desmanes en Llallagua, porque en este momento los pobladores están atemorizados. Yo sólo no puedo hacer todo”.
Al conocer los hechos, “fui al Palacio de Gobierno pero ningún ministro estaba. Me dijeron que por Alasita estaban en otros actos, pero logré hablar por teléfono con los ministros Walter Delgadillo y José Pimentel. Al salir me encontré con el viceministro Wilfredo Chávez. Después me comuniqué con su colega (Marcos) Farfán, que me dijo que todo estaba controlado”.
SE SALIÓ DE CONTROL
Las autoridades originarias intentaron evitar los desmanes y llegaron a usar sus chicotes contra algunos saqueadores, pero sus esfuerzos fueron inútiles.
Por la tarde, jilanq’os, segundas mayores y corregidores se reunieron con concejales, la alcaldesa interina, dirigentes vecinales y cívicos, así como representantes de los comerciantes afectados, a quienes ofrecieron garantías.
Las víctimas no creyeron esos ofrecimientos y se organizaron para defender su propiedad.
Por la tarde, Fidel Colque, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras, negó que su sector hubiese participado en los saqueos y pidió disculpas a la población por la violencia.
El presidente del Comité Cívico de Llallagua, Jesús Camacho, solicitó ayer, a través de la red Erbol, que el Gobierno asuma el costo de la pérdida sufrida por los comerciantes y vecinos, por considerar que es responsable del alza de los precios.
Entretanto, el alcalde titular de ese municipio, Tomás Quiroz (MSM), quien se encontraba ayer en La Paz, dijo que solicitó la intervención del Ejército para evitar nuevos saqueos. “Voy a pedir nuevamente a las autoridades gubernamentales asumir su responsabilidad e instruir al Ejército para persuadir y evitar más desmanes en Llallagua, porque en este momento los pobladores están atemorizados. Yo sólo no puedo hacer todo”.
Al conocer los hechos, “fui al Palacio de Gobierno pero ningún ministro estaba. Me dijeron que por Alasita estaban en otros actos, pero logré hablar por teléfono con los ministros Walter Delgadillo y José Pimentel. Al salir me encontré con el viceministro Wilfredo Chávez. Después me comuniqué con su colega (Marcos) Farfán, que me dijo que todo estaba controlado”.
SE SALIÓ DE CONTROL
Las autoridades originarias intentaron evitar los desmanes y llegaron a usar sus chicotes contra algunos saqueadores, pero sus esfuerzos fueron inútiles.
Por la tarde, jilanq’os, segundas mayores y corregidores se reunieron con concejales, la alcaldesa interina, dirigentes vecinales y cívicos, así como representantes de los comerciantes afectados, a quienes ofrecieron garantías.
Las víctimas no creyeron esos ofrecimientos y se organizaron para defender su propiedad.
Por la tarde, Fidel Colque, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras, negó que su sector hubiese participado en los saqueos y pidió disculpas a la población por la violencia.
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