Los Tiempos - 06 de enero.- Las organizaciones nacionales de periodistas y algunos medios de comunicación expresaron ayer su rechazo y preocupación por las consecuencias que conllevaría el reglamento de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación promulgado ayer por el Gobierno. Señalaron que la nueva norma, al margen de las imprecisiones en su aplicación y las “duras sanciones” que fija, está orientada a que el aparato del Estado “controle y silencie” los medios de comunicación privados bajo el pretexto de luchar contra el racismo y la discriminación.
El Gobierno aprobó ayer el decreto reglamentario de la ley antirracismo, que prevé la suspensión de operaciones hasta casi un año de los medios de comunicación que infrinjan esa norma además de multas pecuniarias y el pago de indemnizaciones –que no están claramente señaladas en la normativa sobre cómo se calcularán– que deben cubrir los medios de comunicación si es que son sancionados por los tribunales.
La ministra de Culturas y la de Justicia, Zulma Yugar y Nilda Copa respectivamente, quienes dieron a conocer la promulgación del decreto en el gabinete ministerial ayer, argumentaron que los periodistas y medios no tienen por qué temer ya que en ningún momento se dispone el cierre del medio.
Ramiro Echazú, dirigente de los periodistas, advirtió que si bien no se van a cerrar los medios, son duras las sanciones ya que atentan contra el derecho al trabajo y la libertad de información debido a que qué medio va a soportar la suspensión de su funcionamiento por casi un año.
Las ministras argumentaron que el reglamento fue elaborado durante tres meses con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales y de los medios de comunicación. Yugar aclaró que este reglamento “no es solamente para normar acciones de los medios de comunicación, sino que interesa a todos los ciudadanos”.
Ayer por la tarde, varias organizaciones de la prensa de Bolivia, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz, se reunieron en La Paz para analizar el referido reglamento. Al término de la misma y en consultas hechas a las regionales departamentales, se determinó que habrá un encuentro nacional la semana próxima en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), el 17, 18 y 19 de enero, en el que el gremio a escala nacional emitirá un pronunciamiento.
Pedro Glasinovic, de la Asociación de Periodistas de La Paz, expuso que el encuentro de Sucre servirá para hacer conocer al pueblo boliviano la posición de los periodistas, “a través de una reflexión serena y tranquila”, y los riesgos que significa esta ley para la libertad de expresión.
A su vez, Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), sostuvo que el reglamento “da la sensación de que lo único que se ha hecho es mantener lo que dice la ley y que no se ha mejorado para nada, tal como habíamos anticipado”.
El director del diario Los Tiempos de Cochabamba, Juan Cristóbal Soruco, calificó como “documento draconiano” a la reglamentación presentada ayer por el Gobierno.
Aparte de ello, Soruco señaló que hay “una aberración jurídica total” contra los medios impresos porque se los pone bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas y de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones.
Soruco también cuestionóla falta de claridad en cómo se va a definir si un medio tiene un contenido racista o discriminatorio. “No está nada claro cómo puede haber un debido proceso. Parecería que la autoridad o los ministros deciden que algo no les gusta y enseguida nos meten una multa. No están especificados los pasos para defendernos”.
De igual modo, Darynka Sánchez, del Comité de la Libertad de Expresión de Cochabamba, expresó que los periodistas de ese departamento rechazan los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo y su reglamentación y que se someterán a lo que estipula la Ley de Imprenta, norma que sigue vigente.
Añadió que la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha convocado, para dar a conocer su posición, a una reunión nacional en La Paz el 19 de enero, fecha en la que se celebra un año más de la promulgación de la Ley de Imprenta.
Asimismo, Daniel Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, afirmó que el reglamento de la ley ratifica “una visión totalitaria que limita la libertad de expresión.
Castro denunció que con esta norma se atenta al derecho al trabajo porque al determinar el cierre temporal de medios de comunicación, los trabajadores perderán sus fuentes de empleo porque ningún medio tendrá la capacidad económica para financiar salarios sin tener ingresos.
Sanciones
La norma contiene castigos en tres niveles. La sanción de primer grado es económica: entre 10 y 150 días de multa para los medios de comunicación que hubieran incurrido por primera vez en supuestas faltas estipuladas en la ley antirracismo.
La sanción de segundo grado también es económica y establece entre 150 y 300 días de multa contra los medios que incurran por segunda vez en faltas.
Por último, la sanción de tercer grado consiste en el cierre temporal de los medios infractores entre 150 días (cinco meses) y 360 días (un año). Durante ese tiempo, la licencia del ente transgresor estará suspendida.
Perfilan una ley para los medios
Desde la primera quincena de enero se iniciarán las consultas para la redacción de la nueva ley de medios que fue anunciada para esta gestión por la ministra de Justicia, Nilda Copa, quien aseguró que es un compromiso que fue adquirido el pasado año.
Durante las consultas de la reglamentación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Copa dijo que “el principal pedido” de las organizaciones que participaron era una nueva ley de medios, y en el Viceministerio de Descolonización confirmaron que existen avances respecto a los medios impresos con la Ley de Imprenta y que ahora se debe avanzar en otros medios de comunicación como ser la televisión, la radio y el Internet.
El anuncio se produjo a propósito de la presentación del decreto reglamentario de esta ley y fueron las ministras de Justicia y de Culturas, Nilda Copa y Zulma Yugar respectivamente, las que realizaron el anuncio de la promulgación del reglamento.
Se adelantó que se buscarán consensos con toda la bolivianidad para la norma.
Varias de las organizaciones de periodistas que participaron de la reglamentación también adelantaron su participación en esta nueva propuesta, que será trabajada desde este mes y presentada después del primer trimestre de la presente gestión
PREVENCIÓN
En lo referente a las autoridades competentes, el reglamento establece al Ministerio de Educación como “la instancia para implementar las medidas de prevención en el sistema educativo en coordinación con las direcciones departamentales de educación”.
Si bien el Ministerio de Educación está señalado como la instancia competente para implementar las medidas de prevención en el sistema educativo en coordinación con las direcciones departamentales de educación, las unidades educativas (escuelas y colegios) deberán implementar políticas disciplinarias a docentes, profesores y estudiantes en sus reglamentos internos en niveles de educación regular, alternativa y especial.
Además, los colegios “deben vigilar que en el proceso educativo se difundan las corrientes del pensamiento humano con una visión crítica”, visión, sin embargo, que no está especificada.
Por otra parte, en la administración pública, las máximas autoridades ejecutivas son las encargadas de implementar las medidas de prevención por faltas de racismo y discriminación, mientras que las autoridades sumariantes de esas entidades serán fortalecidas para procesar las denuncias ante esas faltas.
Obligaciones de las FFAA y la Policía
El reglamento establece que entre las obligaciones de las dos instituciones armadas del país figura la adopción de políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias.
También deberán adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo e implementar mecanismos no discriminatorios para los ascensos y destinos en función de la jerarquía, antigüedad y méritos profesionales.
Asimismo, se establece que en estas entidades se fortalecerán los mecanismos de no discriminación en los procesos de admisión y reclutamiento de las y los postulantes a institutos y en el sistema educativo y de preparación de docentes, instructores, conscriptos, cadetes, estudiantes y personal administrativo transversalizando principios de igualdad, respeto, sin racismo ni discriminación.
La norma contiene castigos en tres niveles. La sanción de primer grado es económica: entre 10 y 150 días de multa para los medios de comunicación que hubieran incurrido por primera vez en supuestas faltas estipuladas en la ley antirracismo.
La sanción de segundo grado también es económica y establece entre 150 y 300 días de multa contra los medios que incurran por segunda vez en faltas.
Por último, la sanción de tercer grado consiste en el cierre temporal de los medios infractores entre 150 días (cinco meses) y 360 días (un año). Durante ese tiempo, la licencia del ente transgresor estará suspendida.
Perfilan una ley para los medios
Desde la primera quincena de enero se iniciarán las consultas para la redacción de la nueva ley de medios que fue anunciada para esta gestión por la ministra de Justicia, Nilda Copa, quien aseguró que es un compromiso que fue adquirido el pasado año.
Durante las consultas de la reglamentación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Copa dijo que “el principal pedido” de las organizaciones que participaron era una nueva ley de medios, y en el Viceministerio de Descolonización confirmaron que existen avances respecto a los medios impresos con la Ley de Imprenta y que ahora se debe avanzar en otros medios de comunicación como ser la televisión, la radio y el Internet.
El anuncio se produjo a propósito de la presentación del decreto reglamentario de esta ley y fueron las ministras de Justicia y de Culturas, Nilda Copa y Zulma Yugar respectivamente, las que realizaron el anuncio de la promulgación del reglamento.
Se adelantó que se buscarán consensos con toda la bolivianidad para la norma.
Varias de las organizaciones de periodistas que participaron de la reglamentación también adelantaron su participación en esta nueva propuesta, que será trabajada desde este mes y presentada después del primer trimestre de la presente gestión
PREVENCIÓN
En lo referente a las autoridades competentes, el reglamento establece al Ministerio de Educación como “la instancia para implementar las medidas de prevención en el sistema educativo en coordinación con las direcciones departamentales de educación”.
Si bien el Ministerio de Educación está señalado como la instancia competente para implementar las medidas de prevención en el sistema educativo en coordinación con las direcciones departamentales de educación, las unidades educativas (escuelas y colegios) deberán implementar políticas disciplinarias a docentes, profesores y estudiantes en sus reglamentos internos en niveles de educación regular, alternativa y especial.
Además, los colegios “deben vigilar que en el proceso educativo se difundan las corrientes del pensamiento humano con una visión crítica”, visión, sin embargo, que no está especificada.
Por otra parte, en la administración pública, las máximas autoridades ejecutivas son las encargadas de implementar las medidas de prevención por faltas de racismo y discriminación, mientras que las autoridades sumariantes de esas entidades serán fortalecidas para procesar las denuncias ante esas faltas.
Obligaciones de las FFAA y la Policía
El reglamento establece que entre las obligaciones de las dos instituciones armadas del país figura la adopción de políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias.
También deberán adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo e implementar mecanismos no discriminatorios para los ascensos y destinos en función de la jerarquía, antigüedad y méritos profesionales.
Asimismo, se establece que en estas entidades se fortalecerán los mecanismos de no discriminación en los procesos de admisión y reclutamiento de las y los postulantes a institutos y en el sistema educativo y de preparación de docentes, instructores, conscriptos, cadetes, estudiantes y personal administrativo transversalizando principios de igualdad, respeto, sin racismo ni discriminación.
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