Experto aconseja ir a Corte Interamericana

PARA DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL MARCO DE LA LEY CONTRA EL RACISMO

Los Tiempos - 4/10/2010.- “Libertad de Prensa y Expresión”. Un tema tan antiguo, pero tocado de manera tan recurrente en los últimos días en el país. Y es que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación fue aprobada en la Cámara de Diputados y está cerca de correr con la misma suerte en el Senado, por instrucción del presidente Evo Morales, sin modificación alguna.

Pero los periodistas y medios de comunicación aún mantienen la esperanza de que sus observaciones sean tomadas en cuenta.

El viernes, cuando se realizaba una movilización en varias regiones del país contra los polémicos artículos 16 y 23 de esa norma, un constitucionalista venezolano y experto en el tema desnudaba los riesgos para la sociedad de una norma con esas características.

Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no admite restricción alguna al derecho que todo ciudadano tiene a la libre expresión y libre información y por ello recomienda a los gremios del país recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar una demanda si es que tales artículos no son anulados o cambiados.

Aguiar fue el principal panelista del segundo día del Foro Internacional sobre Acceso a la Información Pública y Libertad de Prensa y Expresión que se realizó en La Paz entre los días jueves y viernes, el mismo que fue organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

“Y si el fallo fuera a favor de los demandantes, ¿será acatado por el Gobierno?”, preguntó una participante en el foro. Y la respuesta fue que muy probablemente no, tal como pasó en Venezuela. Sin embargo, recordó que esos fallos están más allá de los Gobiernos, por lo que tarde o temprano será acatado.

Aguiar dio una charla magistral en el hotel Radisson de La Paz. Y es que este constitucionalista tiene un largo recorrido en el rubro y lo que pasa en Bolivia ya pasó en Venezuela, de donde él es, y también en otros países.

Caso de Venezuela
¿Y qué pasó en Venezuela? En ese país se ha dictado una ley en 2004: la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.

“Nadie se hubiera atrevido a decir que esa norma no estaba animada por nobles propósitos. Sin embargo, a partir de esa ley, la radio y la televisión han mutado para transformarse en servicios públicos del Estado”, dice.

Y en Bolivia muy pocos cuestionan el propósito y espíritu de la ley antirracismo. Nadie y mucho menos los comunicadores cuestionan la ley en sí. Lo que los gremios del periodismo no aceptan son esos dos artículos. 

“El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”, dice el artículo 16 .

Aguiar no acepta esto. “Esas leyes que se orientan al control de los medios de comunicación… Son leyes que se orientan a crear hegemonías comunicacionales del Estado”, sentencia.

Ejemplos no le faltan. En 1999, el Estado venezolano tenía una radio y una televisión, pero con la entrada en vigencia de esa ley, el Estado ahora tiene 238 radios, 28 estaciones de televisión y 125 sitios de propaganda en Internet.

Dice que en su país el Gobierno de Hugo Chávez ordenó el cierre de Radio Caracas de Televisión –la televisión más antigua–, la clausura de 130 radios y logró establecer una hegemonía de televisión, que incluye Telesur.

“El Gobierno secuestró la señal de Radio Caracas de Televisión y la transformó en una televisión del Estado. La audiencia bajó en 92 por ciento y no logra recuperar”, dice.

Pero estas iniciativas, orientadas a controlar y limitar a los medios, atentan contra un derecho fundamental: “la libertad de expresión y de prensa, que es la columna vertebral de la democracia”, dice. “El debate alrededor de la libertad de expresión y de prensa es un debate que afecta a la sociedad, no a los dueños. Esa es una falacia. El tema de los dueños de los medios de comunicación se resuelve fácilmente con las leyes antimonopolio”.

Insiste en que no hay cultura democrática ni cultura de derechos humanos allí donde no hay ese sagrado derecho: la libertad de expresión, un principio universal anterior al Estado.

“No se admite ninguna fórmula de censura previa y todo intento de reglamentar la libertad de expresión afecta al derecho colectivo, a la expresión. Todo intento de reglamentar la expresión, afecta a la libertad de información”.

El Gobierno nuevamente no estuvo presente en el debate
Al igual que el día anterior, ningún representante de alto nivel del Gobierno estuvo presente en este foro. El viernes debió asistir el vocero de Gobierno. Si él no podía, Iván Canelas prometió enviar a su representante. Eso no ocurrió.

La ANP organizó este evento para abrir un espacio de debate en el que participen no sólo periodistas, diplomáticos y público, sino los órganos Ejecutivo y Legislativo, por ser ellos los que elaboran, aprueban y ejecutan las normas.

El past presidente de la ANP, Pedro Rivero Jordán, recordó que en los cinco últimos años nunca el Gobierno asistió a un evento organizado por esta organización.

Un día antes, el vicepresidente de la ANP, José Antonio Pomacusi, se quejó de que nadie del Gobierno estuviera en el foro para hacer escuchar sus opiniones y responder a interrogantes.