El Diario - 8 de octubre de 2010.- La bancada de senadores de Convergencia Nacional planteó ayer un proyecto de ley para convocar a un referéndum dirimidor sobre los artículos 16 y 23 que pretende penalizar las labores de la prensa en el marco de la Ley Antirracismo en fase de aprobación en el Senado Nacional.
La propuesta fue presentada por los senadores que vestían de presidiarios en señal de advertencia porque con la vigencia de la ley, todos los bolivianos que expresen términos supuestamente racistas podrían ir a la cárcel por emitir criterios que el MAS considere discriminatorios.
El senador Bernard Gutiérrez explicó que el proyecto de ley tiene la capacidad de zanjar el conflicto surgido a raíz de dos artículos que pretenden generar una mordaza contra la libertad de expresión, de información y de comunicación.
Advirtió que con la vigencia de esta ley, el pueblo boliviano ya no se podrá expresar libremente a través de los medios porque los periodistas tendrán una línea editorial fijada por Palacio de Gobierno de cumplimiento obligatorio bajo pena de sanción.
REFERÉNDUM
El proyecto de ley fue presentado al inicio de la sesión del Senado generando polémica entre las bancadas del oficialismo y la oposición porque ya había una orden del día establecido donde no se contemplaba ningún debate que no sea el proyecto de Ley de Lucha Contra el Racismo.
El presidente del Senado, René Martínez, dijo que no corresponde analizar la propuesta de la oposición porque no ingresó por conducto regular, además que el pleno no puede renunciar a su capacidad de debatir una ley agendada, sobreponiendo el proyecto de ley propuesto por Convergencia Nacional.
Martínez planteó avanzar en el debate tomando en cuenta que organizaciones sociales y estructuradas del país exigen la aprobación de la ley, pero no tomó en cuenta la masiva protesta de los sectores de la prensa del país que rechazan el artículo 16 y 23 impulsado por el MAS.
El senador Carlos Sonnenschein aclaró al oficialismo que no se oponen a debatir el proyecto de ley antirracista, pero cuando se toque el artículo 16 y 23, estos sean excluidos del debate para que por efectos de la iniciativa legislativa se manden al referéndum. (NAN)
DERECHOS
El legislador opositor manifestó que hay una demanda popular para que no se afecten los derechos ciudadanos de libertad de expresión y libertad de prensa.
El artículo 16 dispone que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
En tanto que el artículo 23 incorpora los delitos contra la dignidad del ser humano y castiga el racismo de la siguiente manera: “La persona que arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afro boliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete años”.
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