Los Tiempos - 23 de Noviembre de 2010.- Las campañas a favor del alcalde potosino, René Joaquino, suspendido y sentenciado a tres años de cárcel, incrementaron ayer los piquetes de huelga de hambre en apoyo a la ex autoridad; los seguidores del ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, persistieron en sus marchas de protesta y vigilias; mientras que los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, se ratificaron ayer al declararse perseguidos políticos. El Gobierno, en tanto, minimizó las movilizaciones y afirmó que algunos opositores se escudan en el eslogan de perseguidos políticos por evadir a la justicia.
Los seguidores de Joaquino, que el miércoles pasado recibió una condena de tres años de cárcel por la compra de vehículos a medio uso para la Alcaldía potosina, propusieron ayer un referéndum revocatorio departamental para someter a voto popular el cargo del gobernador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Gonzales.
Gloria Juárez, una de las huelguistas, dijo que con la condena de Joaquino, reelecto con el 67 por ciento de los votos en las elecciones del 4 de abril pasado, el Gobierno demuestra que no respeta la decisión del pueblo.
“Nosotros hemos puesto a Joaquino como alcalde de los potosinos, pero no hubo justicia para él”, aseveró Juárez.
En tanto, en Sucre, Barrón se declaró “preso político” por la detención preventiva que enfrenta por su presunta implicación en agresiones y vejámenes contra campesinos afines al Gobierno ocurridos el 24 de mayo de 2008 en esa ciudad.
Barrón leyó ante los medios una declaración en la que además de rechazar esas acusaciones denuncia que su detención, ocurrida el pasado lunes, fue una medida “ilegal y arbitraria” dictada por un juez “que no pudo probar el peligro de fuga y obstaculización de la justicia”.
Barrón pidió la revocatoria de su detención preventiva y será la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca la que deba pronunciarse en las próximas 48 horas sobre esa demanda.
El piquete de universitarios en huelga de hambre que piden su liberación se incrementó en pasadas horas a 37 tomando en cuenta a estudiantes, administrativos y docentes.
Ayer hubo una nueva marcha y dos estudiantes se “autocrucificaron” por varios minutos pidiendo también el esclarecimiento de la muerte de tres manifestantes en los disturbios de la zona de La Calancha en 2007.
Cossío y Suárez
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, y el de Tarija, Mario Cossío, ratificaron su declaratoria de “perseguidos políticos” por los juicios que les sigue el Ministerio Público y otras instancias que impulsan procesos presuntamente digitados por el Gobierno.
El fiscal general, Mario Uribe, afirmó ayer que la acusación a Suárez Sattori está en poder de la Corte Suprema de Justicia, instancia que debe decidir la modalidad de un futuro proceso que podría ser a través de un juicio de privilegio o justicia ordinaria.
Podría ser juzgado a través de la aplicación del Código de Procedimiento Penal (CPP) o de la ley 2445 de responsabilidades.
En tanto, Mario Cossío insistió ayer en su advertencia de enjuiciar a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, a quienes acusa de montar un plan para derrocarlo. La semana pasada presentó grabaciones que presuntamente prueban sus acusaciones. Los aludidos anunciaron contraatacar con otros juicios por difamación y calumnia.
EN TARIJA ANUNCIAN SEGUNDA GRABACIÓN
Cossío ocupa el primer lugar entre las autoridades departamentales denunciadas por hechos de corrupción, sobre todo, malversación de recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
En el año 2008 se emitieron 58 denuncias contra algunos prefectos en el siguiente orden: Mario Cossío con 18 denuncias de corrupción seguido por el entonces prefecto de La Paz José Luis Paredes y el gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, con 17; Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, con ocho seguido por el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández con seis y Rubén Costas, de Santa Cruz, con tres, según informaciones del Ejecutivo Nacional.
Para el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, con la instauración por parte de Cossío de procesos judiciales a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, por los delitos de conspiración y sedición, Cossío busca no sólo victimizarse, sino “montar un manto distraccionista y de impunidad”.
Pruebas
• El diputado opositor Roy Moroni Cornejo (PPB) aseguró ayer que existen más grabaciones de la conspiración denunciada la semana pasada por Mario Cossío.
• El diputado dijo que se citará a cuatro ministros para investigar la grabación presentada por el Gobernador.
• Según el diputado, en la nueva grabación los asambleístas comprometen a otros ministros, como Sacha Llorenti.
• Dijo que la grabación se la hará conocer en próximos días.
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, y el de Tarija, Mario Cossío, ratificaron su declaratoria de “perseguidos políticos” por los juicios que les sigue el Ministerio Público y otras instancias que impulsan procesos presuntamente digitados por el Gobierno.
El fiscal general, Mario Uribe, afirmó ayer que la acusación a Suárez Sattori está en poder de la Corte Suprema de Justicia, instancia que debe decidir la modalidad de un futuro proceso que podría ser a través de un juicio de privilegio o justicia ordinaria.
Podría ser juzgado a través de la aplicación del Código de Procedimiento Penal (CPP) o de la ley 2445 de responsabilidades.
En tanto, Mario Cossío insistió ayer en su advertencia de enjuiciar a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, a quienes acusa de montar un plan para derrocarlo. La semana pasada presentó grabaciones que presuntamente prueban sus acusaciones. Los aludidos anunciaron contraatacar con otros juicios por difamación y calumnia.
EN TARIJA ANUNCIAN SEGUNDA GRABACIÓN
El Gobierno dice que la oposición pone excusas
El Gobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez, que provocó un daño económico al Estado de 249 millones de bolivianos entre 2006 y 2008, ha recurrido a utilizar argumentaciones de persecución política “como una buena excusa para eludir a la justicia por los hechos de corrupción”, coincidieron en manifestar varias autoridades del Ejecutivo.Cossío ocupa el primer lugar entre las autoridades departamentales denunciadas por hechos de corrupción, sobre todo, malversación de recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
En el año 2008 se emitieron 58 denuncias contra algunos prefectos en el siguiente orden: Mario Cossío con 18 denuncias de corrupción seguido por el entonces prefecto de La Paz José Luis Paredes y el gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, con 17; Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, con ocho seguido por el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández con seis y Rubén Costas, de Santa Cruz, con tres, según informaciones del Ejecutivo Nacional.
Para el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, con la instauración por parte de Cossío de procesos judiciales a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, por los delitos de conspiración y sedición, Cossío busca no sólo victimizarse, sino “montar un manto distraccionista y de impunidad”.
Pruebas
• El diputado opositor Roy Moroni Cornejo (PPB) aseguró ayer que existen más grabaciones de la conspiración denunciada la semana pasada por Mario Cossío.
• El diputado dijo que se citará a cuatro ministros para investigar la grabación presentada por el Gobernador.
• Según el diputado, en la nueva grabación los asambleístas comprometen a otros ministros, como Sacha Llorenti.
• Dijo que la grabación se la hará conocer en próximos días.
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