“La ley de pensiones lo que hace es legalizar la deuda que tiene el Estado con las AFP. Es una especie de confiscación de las aportaciones a los fondos de capitalización individual que llegarán a ser parte del TGN que no está en una buena situación económica”, dijo José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados, Gabriel Dabdoub, indicó que esta ley afecta la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que el dinero de los bolivianos pasará a manos del Estado hecho que no garantiza el buen manejo de estos recursos.
El ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores, Armando Álvarez, dijo que uno de los aspectos más preocupantes de la norma es que crea un fondo solidario, con aportaciones patronales, laborales y de trabajadores con altos ingresos para mejorar las rentas más bajas.
Con esta disposición el fondo solidario sólo se hace sostenible si aumenta la cantidad de empleadores y trabajadores formales quienes harían el mayor aporte a la denominada “pensión solidaria”.
“A los trabajadores del sector formal se les está cargando con un costo adicional, que desincentiva el deseo de aportar formalmente”, agregó a tiempo de informar que la ley debe considerar la elevada tasa de informalidad existente en el país, ya que de los 1.2 millones de afiliados a las AFP tan solo el 13% realiza aportaciones de forma regular para su jubilación.
El nuevo proyecto de ley también causa malestar en algunos sectores como el del magisterio que manifestó su rechazó a la ley de pensiones. Según la dirigencia, la norma discrimina a los maestros que recibirán pensiones bajas contrariamente a los policías y militares que recibirán el 100% de su jubilación.
Este miércoles, el magisterio de la ciudad de La Paz anunció una marcha en contra de la ley en cuestión.
Principales aspectos de la controvertida ley
El proyecto de ley presentado por el presidente Evo Morales entregará al Estado una suma estimada de 3.000 millones de dólares que constituye los fondos de pensiones de casi 1,3 millones de beneficiarios.
El sistema de pensiones fue privatizado en 1996 durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La modificación reducirá la edad de jubilación desde los 65 años actuales a los 58. Además permitirá a las mujeres descontar un año por cada hijo, hasta un máximo de tres. En caso de enviudar, tanto mujeres como hombres podrán continuar recibiendo las pensiones correspondientes luego de volver a casarse.
También se introducirá un llamado "fondo solidario" que incluirá aportes de parte de todos los empleados que cobren más de 2 mil dólares mensuales. El dinero se destinará a subsidiar a aquellos con los menores ingresos.
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