Los Tiempos - 05 de Noviembre de 2010.- Pese a que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación aún no tiene reglamento, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Hugo Montero, declaró ayer que la mencionada ley ya está en vigencia desde su promulgación el pasado 8 de octubre y es de inmediata aplicación.
Es más, ya hay dos acusaciones en lista, la primera contra un periodista de Potosí y la segunda contra el diario orureño La Patria, al que ya le habrían llegado cinco acusaciones formales.
Las organizaciones de la prensa alertaron sobre la discrecionalidad con la que se ve que será aplicada la ley, por lo que éstos serán algunos de los ejemplos que serán llevados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que analice la situación en Bolivia.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el politólogo Jorge Lazarte y el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, alertaron sobre la mala interpretación de la ley, específicamente en el caso de estas dos denuncias.
En el primer caso, la concejala del MAS en Potosí Antonia Largo anunció que enjuiciará a José Luis Apacani, presentador y periodista del programa "El Variadito", que hasta el miércoles se emitía por el canal Sistema de Comunicación, por supuestamente promover el racismo, debido a que un televidente que llamó al medio criticó a sus autoridades y se lamentó de tener en su ciudad concejales “cara de llama”. Pese a que el periodista afirma que cortó la entrevista, la concejala declaró que seguirá con el juicio.
En el segundo caso, concejales de la Alcaldía de Oruro anunciaron un proceso a La Patria por una publicación del 9 de septiembre en la que se incluyó la palabra "concejiles" para referirse a los concejales. El término fue considerado por los aludidos como discriminador, pese a que está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española como sinónimo de concejales.
Estos dos casos más un tercero en el que una de las partes en el conflicto limítrofe entre Potosí y Oruro anunció que demandará al presidente Evo Morales por discriminación serán enviados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un ejemplo de que la aplicación de la norma será completamente discrecional, según anunció el fiscal de la APLP.
Añadió que la aplicación de esta norma, en los artículos 16 y 23 que atañen directamente a los medios de comunicación y a los periodistas, es discrecional no sólo porque se aplicará sin haberla reglamentado, sino porque el Gobierno se constituirá en todos los casos en juez y parte ya que puede regular a través de la ley que se la ha hecho a la medida y naturalmente que él nunca se va a regular a sí mismo.
“La ley se puede aplicar, y es lo que estamos viendo. En el caso de La Patria, es una lamentablemente equivocación de interpretación por parte de un concejal porque se le llamó concejil”, dijo Vargas y añadió que en el caso de Potosí, “no estamos defendiendo al periodista que pudiera ser cualquiera, estamos denunciando el hecho, estamos diciendo que como éste van a haber muchísimos casos más”.
Lazarte dijo que la aplicación de esta ley que no tiene reglamento y, por lo tanto, no específica a qué se le puede llamar racismo o discriminación tiene un problema de interpretación ya que por un lado está en vigencia y por otro necesita de reglamentación, lo cual es la parte operativa del artículo 16.
“Entonces en la ley se fijan sanciones, entonces lo que con el reglamento tienen que regular es cuándo se imponen las sanciones. Dependerá de la autoridad a la que se recurra”.
El Gobierno tiene el poder
Para el analista Jorge Lazarte, el problema de interpretación está en cuál de las interpretaciones tendrá más poder. “El valor de lo que pueda ocurrir en Potosí es que ya ha surgido una interpretación a las tantas que da lugar esta ley”, afirmó Lazarte.
Advirtió que aún antes de que se apruebe el reglamento a la ley antirracismo, la gente empieza a interpretar a su modo y eso va a dar lugar a juicios de toda naturaleza.
Lazarte afirmó que no se entiende la lógica del poder de este Gobierno, “para el cual los argumentos valgan, para ellos, la política es una relación de fuerzas y si la política es eso, lo único que vale para ellos es la fuerza, lo único que los puede obligar a hacer otra cosa es la fuerza, no estoy diciendo la violencia”, aclaró.
“Y lo que ellos entiendan por la fuerza dependerá de si eso favorece o no a las nuevas autoridades que han surgido en el Gobierno y que van a hacer todo lo que esté a su alcance para conservar todo el poder que tienen”, concluyó.
Leyes sin reglamento
El constitucionalista Carlos Alarcón señaló la importancia de ver que no todas las normas están sujetas a reglamentación. En el caso de las que se sujetan a reglamentación, la ley no es operativa por sí misma.
“Hay dos clases de normas tanto en la Constitución Política del Estado (CPE) como en una ley. Hay unas que son operativas como la iniciativa legislativa ciudadana, que al ser un derecho fundamental no necesita reglamento, y hay otras que son programáticas, que requieren que se tenga reglamentación”, explicó Alarcón y dijo que en la ley antirracismo existen estos dos tipos de normas: el artículo 16 está sujeto a reglamento y el artículo 23 no lo necesita.
En otras palabras, si el Gobierno busca aplicar el artículo 16 contra los periodistas, estará utilizando un artículo que aún no tiene reglamento, por tanto no se conocen las especificaciones de los delitos, las sanciones y demás.
“Artículos mordaza”
• El artículo 16 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
• El 24 desconoce la vigencia de la Ley de Imprenta para abrir un proceso contra periodistas, puesto que se deja de lado cualquier fuero o inmunidad.
• La ley, que incluye los artículos considerados “mordaza” por su carácter de censura previa, fue aprobada el pasado 8 de octubre sin el consenso con los sectores de la prensa.
• Actualmente, el Gobierno impulsa encuentros con los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) para aprobar un reglamento.
Para el analista Jorge Lazarte, el problema de interpretación está en cuál de las interpretaciones tendrá más poder. “El valor de lo que pueda ocurrir en Potosí es que ya ha surgido una interpretación a las tantas que da lugar esta ley”, afirmó Lazarte.
Advirtió que aún antes de que se apruebe el reglamento a la ley antirracismo, la gente empieza a interpretar a su modo y eso va a dar lugar a juicios de toda naturaleza.
Lazarte afirmó que no se entiende la lógica del poder de este Gobierno, “para el cual los argumentos valgan, para ellos, la política es una relación de fuerzas y si la política es eso, lo único que vale para ellos es la fuerza, lo único que los puede obligar a hacer otra cosa es la fuerza, no estoy diciendo la violencia”, aclaró.
“Y lo que ellos entiendan por la fuerza dependerá de si eso favorece o no a las nuevas autoridades que han surgido en el Gobierno y que van a hacer todo lo que esté a su alcance para conservar todo el poder que tienen”, concluyó.
Leyes sin reglamento
El constitucionalista Carlos Alarcón señaló la importancia de ver que no todas las normas están sujetas a reglamentación. En el caso de las que se sujetan a reglamentación, la ley no es operativa por sí misma.
“Hay dos clases de normas tanto en la Constitución Política del Estado (CPE) como en una ley. Hay unas que son operativas como la iniciativa legislativa ciudadana, que al ser un derecho fundamental no necesita reglamento, y hay otras que son programáticas, que requieren que se tenga reglamentación”, explicó Alarcón y dijo que en la ley antirracismo existen estos dos tipos de normas: el artículo 16 está sujeto a reglamento y el artículo 23 no lo necesita.
En otras palabras, si el Gobierno busca aplicar el artículo 16 contra los periodistas, estará utilizando un artículo que aún no tiene reglamento, por tanto no se conocen las especificaciones de los delitos, las sanciones y demás.
“Artículos mordaza”
• El artículo 16 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
• El 24 desconoce la vigencia de la Ley de Imprenta para abrir un proceso contra periodistas, puesto que se deja de lado cualquier fuero o inmunidad.
• La ley, que incluye los artículos considerados “mordaza” por su carácter de censura previa, fue aprobada el pasado 8 de octubre sin el consenso con los sectores de la prensa.
• Actualmente, el Gobierno impulsa encuentros con los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) para aprobar un reglamento.
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