La próxima semana el proyecto de la Nueva Ley de Pensiones ingresará a la Asamblea Legislativa para su aprobación
Los Tiempos - 11 de noviembre de 2010.- A pocos días de que el proyecto de la Nueva Ley de Pensiones ingrese a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, persisten las dudas principalmente sobre la sostenibilidad del nuevo sistema con la creación del fondo solidario, la administración de la gestora pública de los fondos individuales y la reducción de la edad.
En el primer tema, el Órgano Ejecutivo apunta a no solamente subir las rentas bajas, sino a ampliar la cobertura del sistema para que los trabajadores independientes puedan tener una pensión.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó ayer que la creación del fondo solidario es un incentivo para que las personas que actualmente no aportan se sumen al sistema en vista de que podrían lograr un monto que les permita al menos subsistir en un futuro.
Esta intención de universalizar el sistema de pensiones ha recibido buenas críticas, pero son más las dudas por la sostenibilidad del nuevo sistema.
El analista Alberto Bonadona dice que la nueva ley apunta a que no sólo el 25 por ciento de la población (dependiente) obtenga una jubilación, pero “el problema radica en que el financiamiento del fondo solidario hasta ahora diseñado para ese 75 por ciento de la población restante, potencial receptor del fondo solidario, no alcanza para tan elevado universo. Son cerca de 4 millones los que se pueden beneficiar y el fondo solidario está calculado para 100 mil con un horizonte de 40 años”, añade.
La reducción de la edad, de 60 a 58 años, está también en discusión, más cuando la tendencia, por lo que sucede actualmente en Europa, es al contrario.
Guillén justificó el cambio porque en Bolivia “hay gente que empieza a trabajar desde muy temprano, y después de 35 a 45 años de trabajos físicos estas personas ya deberían acceder a la jubilación. Las personas que tengan 58 años y tengan la posibilidad de seguir trabajando pueden hacerlo”, señaló.
El Colegio de Médicos de Bolivia ha criticado la reducción de la edad y dijo que debería ser voluntaria, mientras que los maestros señalaron que la jubilación debe ser a los 55 años.
La gestora pública, que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es otro tema en discusión. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha pedido que además de la administración pública se mantenga la privada, lo que fue negado.
“El tema es que la Constitución, en el artículo 45, dice que la administración de la seguridad social debe estar a cargo del Estado y no puede privatizarse ni concesionarse y en ese sentido hemos hecho caso al mandato de la CPE y se ha visto que la única que debe administrar es la gestora pública”, dijo el viceministro de Pensiones.
Los empresarios privados también cuestionan el aporte laboral del tres por ciento para el fondo solidario, lo que –indicó Guillén– no es negociable.
La autoridad confirmó que el proceso de transición al nuevo sistema durará al menos un año, tiempo en el que se prevé que concluya la instalación de la gestora pública. En tanto, las AFP seguirán administrando los fondos individuales de pensiones.
Cambios al proyecto
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó ayer que tras la negociación con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal modificación fue el incremento del monto de la pensión solidaria para las rentas bajas, que llegarán hasta los 2.600 bolivianos con 35 años de aportes.
Las fuentes del fondo solidario son los trabajadores que deberán aportar un 0,5 por ciento adicional de lo que hoy aportan, hasta 12,71 por ciento; los empleadores, un 3 por ciento sobre la planilla de sus trabajadores; un 20 por ciento por las primas de riesgo profesional, y finalmente las personas que ganan por encima de Bs 13 mil, 25 mil y 35 mil, que aportarán diferentes montos.
Entre otros de los cambios del proyecto, indicó que la administración de los riesgos, planteada originalmente para aseguradoras privadas, será hecha por una aseguradora pública. “La COB ha observado eso y ha pedido que sea el Estado, una gestora, que asuma esta tarea”, dijo Guillén.
Otro tema incluido en el proyecto es que los montos de jubilación solidaria sean revisados cada tres años y podrían aumentar en la medida en la que existan mejores perspectivas económicas.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó ayer que tras la negociación con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal modificación fue el incremento del monto de la pensión solidaria para las rentas bajas, que llegarán hasta los 2.600 bolivianos con 35 años de aportes.
Las fuentes del fondo solidario son los trabajadores que deberán aportar un 0,5 por ciento adicional de lo que hoy aportan, hasta 12,71 por ciento; los empleadores, un 3 por ciento sobre la planilla de sus trabajadores; un 20 por ciento por las primas de riesgo profesional, y finalmente las personas que ganan por encima de Bs 13 mil, 25 mil y 35 mil, que aportarán diferentes montos.
Entre otros de los cambios del proyecto, indicó que la administración de los riesgos, planteada originalmente para aseguradoras privadas, será hecha por una aseguradora pública. “La COB ha observado eso y ha pedido que sea el Estado, una gestora, que asuma esta tarea”, dijo Guillén.
Otro tema incluido en el proyecto es que los montos de jubilación solidaria sean revisados cada tres años y podrían aumentar en la medida en la que existan mejores perspectivas económicas.
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