viernes, 12 de noviembre de 2010

Ley 045 excede acuerdos con ONU

Los Tiempos - 12 de noviembre de 2010.- Bolivia aprobó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en el marco de una tarea pendiente que tenía el país desde hace aproximadamente 30 años con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque la inclusión de artículos que castigan la libertad de expresión excede el marco de las normas que la propia organización internacional fijó como derechos fundamentales.

Uno de esos derechos está enmarcado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre de 1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969.

En el artículo 5 de esta Convención se establece que los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley sin distinción de raza, color ni origen nacional o étnico particularmente en el goce de muchos derechos, entre los cuales figura el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Al respecto, el politólogo y ex vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, recapituló que terminada la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra la discriminación y el racismo fue, probablemente, uno de los primeros temas de preocupación de la ONU y adquirió una especial relevancia por la centralidad de la cuestión racial y el Apartheid en Sudáfrica.

A eso precisamente responde también la declaración de Durban de 2001, quizás la más importante en este tema, donde todos los Estados miembro de la organización ratifican su compromiso de adoptar una reglamentación específica contra el racismo y la discriminación.

El informe de Durban recomienda a los Estados que incluyan en sus marcos legislativos prohibiciones expresas y específicas contra el racismo.

El Fiscal de la APLP dijo que los periodistas saludan que el Estado Plurinacional de Bolivia tenga el empeño de luchar efectivamente contra estos desvalores, desalentando la transmisión de mensajes racistas a través de los medios de comunicación. “Pero no es menos cierto que el mismo informe pida a los Estados que tomen en cuenta las normas internacionales y regionales existentes, en relación con la libertad de expresión, y al mismo tiempo adopten todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de opinión y expresión”, recordó.

“Se fue demasiado lejos”
Para el politólogo Jorge Lazarte, el problema en Bolivia es que se ha tomado la letra del informe de Durban para aprobar una ley (Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación) que está fuera de los marcos de la conferencia de Durban.

“En Bolivia se ha ido muchísimo más lejos de lo que razonablemente se puede ir, y tan lejos que ha terminado atentando contra otros derechos y libertades, que contradicen el espíritu de la conferencia de Durban”, afirmó.

La Declaración de Durban señala marcos de lo que debe entenderse por racismo y discriminación además del papel de los medios como aliados de todo ese proceso, no como mecanismos de discriminación y racismo, como aparecen ahora señalados en la ley antirracismo boliviana. Lazarte explicó que Durban normalmente señala los marcos para evitar justamente excesos, y los discuten expertos, no movimientos sociales.

“La ONU no actuó bien”
La ley antirracismo boliviana contradice también principios contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en 1976  y que principalmente señala que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

El politólogo Jorge Lazarte lamentó además que alrededor de la Ley Contra el Racismo no hubo debate. La representación de la ONU en Bolivia no actuó en la debida forma. “Cuando tenía que haber hablado prefirió callarse, que era cuando se discutían los términos de la ley, y habló cuando probablemente debía callarse, es decir cuando se aprobó la ley”, dijo Lazarte.

El politólogo hizo alusión a la actitud de la representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, quien en octubre pasado lamentó que los artículos 16 y 23 hayan sido fuente de discordia, y llamó a los periodistas a participar de la reglamentación, una posición que fue rotundamente rechazada por el gremio.

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