El Diario - 19 de Noviembrte de 2010.- Los procesos judiciales y sentencias contra autoridades electas de los municipios y departamentos que tienen control de sectores contrarios al régimen de gobierno obedecen a una estrategia para inhabilitar a los futuros candidatos, según expresaron legisladores de la oposición. Los casos con sentencia como Jorge Quiroga, René Joaquino y los juicios anunciados contra Manfred Reyes Villa y Mario Cossío, entre otros, inhabilitarían a estos dirigentes políticos para los próximos comicios.
La Constitución Política del Estado en su capítulo referido a Derechos Políticos dicta que “El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos: previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido suspendida”. En tal sentido, sectores de la oposición al MAS calificaron que los procesos contra los alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos sólo buscan inhabilitar a cualquier candidato potencial para las siguientes elecciones generales.
ÉTICA Y EQUIDAD JUDICIAL
El diputado de Alianza Social (AS) Wilman Cardozo, declaró con énfasis su rechazo a la sentencia contra el alcalde de Potosí y pidió a las autoridades judiciales actuar con mayor equidad y sin presiones políticas.
“Como parlamentarios de Alianza Social vamos a pedir una Petición de Informe Escrito a los jueces que han atendido esta causa en la ciudad de Potosí y vamos a fiscalizar la conducta de estos administradores de justicia. Está de buen tamaño lo que está pasando en el país, les pedimos a las autoridades que metan en la cárcel a los corruptos y a los que hacen daño al Estado, pero no a gente inocente que sólo ha trabajado por su región”, declaró el diputado chaqueño.
PÉRDIDA DE DERECHOS
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que las autoridades que tengan una sentencia ejecutoriada pueden perder sus derechos civiles establecidos en la Carta Magna para ser habilitados como candidatos a la administración pública del Estado.
“Este caso fue denunciado por una concejal de Potosí y el Gobierno en ningún caso ha tenido ninguna intervención más allá de las observaciones para que se lleve el proceso contra el ex alcalde Joaquino. Sin duda cuando existen sentencias, entonces las personas pierden algunos derechos ciudadanos”, explicó.
COSSÍO DEBE DEFENDERSE
Sobre el caso del gobernador Mario Cossío, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que la autoridad debe asumir su defensa por las denuncias sobre presuntos actos de malversación de fondos que pesan en su contra y no tratar de distraer a la población con grabaciones de una supuesta reunión desestabilizadora.
“El gobernador Cossío tiene delirios de persecución y debería preocuparse mucho más en sus procesos judiciales de las denuncias de corrupción que tiene, esa debería ser su preocupación y no tratar de tender un manto distractivo con este tipo de procesos que se inician cuyo único objetivo es distraer la atención de la opinión pública sobre las denuncias de corrupción que tiene el Gobernador y que han salpicado a su entorno como el caso de su hermano”, dijo en conferencia de prensa.
OFICIALISMO DESLINDA PRESIONES
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado, por su parte, explicó que el Gobierno no intervino en los recientes procesos judiciales contra autoridades electas en las urnas, por lo que los acusados no deberían asumir el discurso de persecución política.
“Hay que separar las cosas, si una persona que fue electa y tiene en su contra acciones judiciales no puede manifestar que tiene una persecución del Gobierno, menos aún del MAS”, dijo Delgado.
Afirmó que Jaime Barrón fue impulsor de los conflictos sobre la capitalidad y los actos de racismo en contra de campesinos en la plaza 25 de Mayo de 2008. Sobre René Joaquino explicó que la justicia actúo en torno a los hechos y supuestas pruebas; finalmente dijo que el pueblo tarijeño fue el que denunció a Mario Cossío por las presuntas irregularidades en la administración de recursos de esa Gobernación.
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